El Gobierno nacional habilitó a Río Negro a concesionar rutas con peajes

A través del Decreto 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional habilitó la provincia de Río Negro a concesionar tramos de rutas nacionales, situados en su territorio (rutas 22, 151 y 23), a través del sistema de obra pública por peaje.

Asimismo, el Estado nacional mantendrá la titularidad del dominio y la jurisdicción federal sobre esos caminos.

El texto oficial firmado por Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, instituye que las provincias alcanzadas por la normativa son Córdoba, San Luis, Mendoza, Corrientes, Santa Fe, San Juan, Santa Cruz, Río Negro y Neuquén.

La citada delegación será “funcional, limitada, temporal y revocable”. En consonancia, “no implica la cesión del dominio público ni la transferencia de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados”.

En los considerandos de la resolución se aclara que varias jurisdicciones provinciales solicitaron al Estado nacional contar con herramientas para gestionar rutas que atraviesan sus territorios. Según explicaron, se da con el objetivo de asumir “la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento”.

Qué pasará con los fondos obtenidos

La normativa establece que los fondos obtenidos por la explotación de los peajes no podrán ser afectados a la construcción o conservación de otros tramos u otras obras ajenas a la concesión otorgada. Además, los sectores delegados no podrán ser licitados conjuntamente en un mismo corredor vial con rutas de otras jurisdicciones.

Si las provincias no convocan la licitación dentro del plazo de un año desde la aprobación del convenio, la delegación queda sin efecto. Por otro lado, si el contrato de concesión se extingue por cualquier razón, el Estado nacional retomará la gestión del tramo correspondiente.

El decreto, en efecto, se apoya en la Ley 17.520, que faculta al Poder Ejecutivo a otorgar concesiones de obras y servicios públicos, y en el Decreto-Ley 505/58, que regula el sistema troncal vial nacional. También referencia la Ley 27.742, que impulsa la reorganización administrativa del Estado y una mayor descentralización de funciones.