Denuncia penal contra Blanes por “usurpación” de cargo público y falsificación de documentos

La institucionalidad del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) se encuentra, nuevamente, en el ojo de la tormenta. Un grupo de consejeros electos de la universidad, con el patrocinio del Dr. Federico Diorio, formalizó este jueves una denuncia penal que apunta directamente contra Gerardo Blanes, ex rector normalizador y hoy “autoproclamado rector” (a decir de los denunciantes), por los presuntos delitos de usurpación de cargo público, ejercicio ilegal de funciones y falsificación de documento público.

La denuncia, presentada en la Fiscalía 1, relata los hechos ya advertidos por los consejeros de la oposición, pero toma un carácter penal, que agrava la situación. Sostienen que el pasado 30 de marzo se llevó a cabo una sesión irregular del Consejo Superior, en las primeras elecciones de la institución, en un escenario insólito: la cocina del Hotel La Fundación. De esa sesión sólo pudieron participar consejeros oficialistas (de La Unión, la agrupación política de Blanes).

En esa instancia, según consta en pruebas presentadas por los querellantes, el propio representante legal del IUPA, Silvio Garrido, informó que la sesión en la cocina quedaría sin efecto e invitó a romper el acta original de esa reunión, para dejar sin efecto la sesión que erigía a Blanes como rector.

Sin embargo, la denuncia sostiene que Blanes habría falsificado íntegramente una nueva acta para presentarse ante la Secretaría Académica y lograr que se emita la Ordenanza N°001/2026, mediante la cual se autoproclamó como máxima autoridad del instituto.

Para los denunciantes, entre los que se encuentran consejeros electos de la Lista Celeste y Blanca y La Tercera, Blanes continuó ejerciendo el rol de rector, dictando actos administrativos e incluso presentándose ante la Subsecretaría de Trabajo para formular propuestas salariales en nombre de la universidad, a pesar de existir una segunda acta oficial que anuló todo lo actuado ese día, es decir, la asunción como rector electo.

Los denunciantes, quienes se constituyeron como querellantes para "resguardar la institucionalidad", aseguran que el ejercicio del cargo es completamente ilegal y doloso.

Entre las pruebas aportadas a la justicia provincial se encuentran videos que registrarían la destrucción de la documentación original y testimonios clave de diversos integrantes de la comunidad educativa.

“Este acto, del que adjuntamos diversas pruebas, demuestra a las claras cómo Blanes se maneja como una autoridad legítima, una situación usurpación sin precedentes en la historia universitaria argentina”, señalaron los denunciantes

El rol de la justicia en el conflicto de IUPA

La justicia provincial acumula al menos cuatro denuncias presentadas por actores gremiales y estudiantiles que aún esperan definición judicial. Todas tienen como eje central el fraude electoral atribuido al rector normalizador Gerardo Blanes en el proceso que culminó con las elecciones del 15 y 16 de marzo de 2026.

El recorrido procesal revela un problema estructural: ningún fuero se declaró competente hasta el momento, generando un vacío jurisdiccional que el propio conflicto desnuda como inédito en la historia universitaria provincial.

El Sindicato de Trabajadores del IUPA (SITRAIUPA) fue el primero en actuar. Su denuncia por fraude electoral fue presentada ante la justicia electoral de la provincia de Río Negro, que en marzo pasado se declaró incompetente y derivó las actuaciones a la justicia federal.

El juez federal Dr. Greca devolvió la causa a la órbita provincial, argumentando que el IUPA es financiado íntegramente con fondos provinciales y que en consecuencia es la provincia quien debe velar por la institucionalidad de un organismo de su propia creación. La justicia electoral provincial evalúa actualmente si hace lugar al planteo federal y reasume la competencia.

El juzgado contencioso administrativo recibió por su parte la denuncia de la Asociación de Docentes del IUPA (ADIUPA). El juez Dr. Lafuente se declaró incompetente. Esa resolución se encuentra actualmente en estado de apelación por parte del gremio. En el mismo juzgado tramita además una presentación del Centro de Estudiantes del IUPA, también por fraude electoral, cuya competencia, el magistrado se encuentra evaluando.

A estas cuatro causas se suma ahora la denuncia penal que los consejeros electos de la oposición presentaron ante la justicia penal provincial, que incorpora tres nuevos delitos tipificados en el Código Penal: usurpación de cargo público, ejercicio ilegal de función pública y falsificación de documento público. A diferencia de las anteriores, esta denuncia no cuestiona el proceso electoral sino los hechos ocurridos el 30 de marzo y sus consecuencias directas: la destrucción del acta original, la confección de un documento nuevo y la asunción de facto de Blanes como rector sobre la base de ese instrumento.