Operativos de Policía Federal en desarmaderos

En el marco de la Ley 25761, que regula la actividad de los desarmaderos y la venta de autopartes usadas, la Policía Federal Argentina realizó, en la zona del Alto Valle, un total de seis inspecciones a distintos establecimientos dedicados a la actividad.

Los mismos se desarrollaron en las ciudades de Plottier en la provincia de Neuquén, como asimismo en Cipolletti, General Roca, Barda del Medio y Balsa Las Perlas, procediendo a la detención de una persona mayor de edad y al secuestro de autopartes que, en total, fueron valuadas en aproximadamente 690 millones de pesos. 

Según trascendió, los operativos fueron encabezados por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Neuquén y la División Unidad Operativa Federal Neuquén, quienes contaron con la colaboración de personal de la  División Delitos Contra el Automotor de la Policía Federal Argentina  y del Área de Fiscalización de Desarmaderos de la Dirección de Investigación de Delitos Federales del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Las medidas comenzaron el pasado miércoles con un allanamiento en Plottier, dispuesto por la Unidad Fiscal de Atención al Público y Asignación de Casos a cargo del Dr. Diego Azcárate, y continuaron con dos inspecciones en Cipolletti. Se pudo establecer además que en el día de ayer prosiguieron con tres inspecciones más en Barda del Medio, Balsa Las Perlas y General Roca.  

En el allanamiento efectuado en Plottier se secuestró una importante cantidad de autopartes de vehículos de alta gama que eran comercializadas en infracción a la Ley de Desarmaderos y Autopartes, con un valor que supera ampliamente los 600 millones de pesos. Estas carecían de los requisitos y la documentación que acredita su procedencia, aunque no se constató la existencia de partes de vehículos que poseyeran pedido de secuestro por corresponder a automotores sustraídos. 

Esta misma situación fue en general advertida en el resto de los establecimientos, siendo una constante la falta de habilitación ante las autoridades competentes en la materia como la carencia de documentación que respalde el origen de las autopartes y la estampilla que acredita la registración y trazabilidad de las mismas.

Los procedimientos finalizaron con un saldo positivo, según trascendió, aunque las fuentes consultadas resaltaron que no se comprobó la existencia de elementos robados sino la comercialización irregular de autopartes en infracción al régimen que regula la actividad.