Caso Dobra: Reformulan cargos a partir de información obtenida de teléfonos

El Ministerio Público Fiscal reformuló cargos en el marco de la causa que analiza el homicidio de Julián Dobra de la Canal, ocurrido el 17 de abril de 2025 en General Roca. La decisión se sustenta en nuevos elementos obtenidos en el marco de la investigación penal preparatoria, especialmente aquellos obtenidos del análisis del celular del joven, que permitieron precisar los hechos atribuidos y las responsabilidades de cada una de las personas imputadas.

Según la hipótesis acusatoria, el hecho se produjo el 17 de abril de 2025, entre las 19:48 y las 20:23, detrás de la defensa aluvional de General Roca. En esas circunstancias, cuatro de los hombres agredieron a la víctima con golpes y un arma de fuego, ocasionándole lesiones que derivaron en su fallecimiento. Todo ello cumpliendo un plan ideado por una quinta persona.

“Luego fue arrastrado en ese estado y abandonado detrás de unos arbustos a pocos metros de distancia, lugar en donde finalmente muere a causa de las lesiones producidas en el cráneo. Seguidamente los imputados “se apoderaron ilegítimamente de su automóvil y se dirigieron a su departamento al que ingresaron utilizando la llave original para sustraer de allí una bicicleta y una consola de juegos”.

Asimismo, en fecha no precisada con exactitud, pero ubicable pocos minutos después del hecho y hasta el 25 de abril, un sexto hombre “teniendo conocimiento del homicidio, en momentos de ser requerido por la policía de investigaciones judiciales, negó deliberadamente y en dos oportunidades conocer el paradero de su amigo y omitió brindar información conducente para la investigación”.

Un séptimo hombre, por ultimo “en momentos anteriores al 22 de abril y hasta el 03 de mayo – cuando fue hallado el cuerpo- “y a sabiendas de que los coautores habían dado muerte a Dobra de la Canal, ocultó el vehículo hurtado a la victima, en el domicilio de calle Urquiza colaborando de esta manera con los autores".

En función de estos hechos dos de ellos fueron imputados de la autoría del homicidio triplemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por la intervención de personas menores de edad y por el uso de arma de fuego. A uno se le sumó además la comisión de hurto calificado por el uso de llave verdadera sustraída.

A otras tres personas menores de edad, se les atribuyó dicho delito en concurso real con hurto calificado por el uso de llave verdadera sustraída. A un quinto adolescente se le endilgó además de esto último la portación ilegal de arma de fuego de uso civil sin autorización.

Finalmente, dos personas (quien negó tener datos de su amigo y quien escondió el automóvil) fueron imputadas por encubrimiento agravado.

La importancia del análisis del celular de la víctima

El avance en la investigación se fortaleció a partir del trabajo de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) de la Procuración General, que en su sede de Viedma logró abrir el teléfono celular de la víctima sin necesidad de remitirlo a laboratorios en el exterior.

Del análisis técnico se recuperaron más de 1400 puntos de geolocalización de Julián, registros de llamadas, mensajes, videos e imágenes que vinculan a las personas imputadas entre sí y con él.

Toda esta información fue cotejada con declaraciones testimoniales, informes del 911 y resultados de pericias previas, fortaleciendo el sustento de la acusación.

En la profundización de otros dispositivos que también fueron analizados, se encontraron además conversaciones entre los imputados en las que coordinaban acciones posteriores al hecho, entre ellas el ocultamiento y el intento de incendio del vehículo sustraído.

Durante gran parte de la audiencia, las partes debatieron sobre la posibilidad de transformar la causa en compleja, lo que implicaría la extensión del plazo de investigación por un año. La acusación coincidió en la necesidad de contar con ese tiempo adicional, mientras que las defensas reiteraron su oposición y adelantaron que analizan plantear la incompetencia del fuero provincial por considerar que el hecho estaría vinculado al tráfico de estupefacientes, aunque no realizaron peticiones formales al respecto en la jornada.

Finalmente el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos en los términos requeridos por el Ministerio Público y dirimió el debate respecto del plazo de investigación declarando la causa compleja. De esta forma, el tiempo previsto para la sustanciación de la investigación se extenderá hasta el 9 de mayo del 2026.

En cuanto a las medidas cautelares, el magistrado dispuso la extensión de la prisión preventiva de todos los mayores hasta esa misma fecha. También se extienden las medidas preventivas a las personas menores de edad sin perjuicio de que la defensora de menores pueda pedir audiencias de control de detención. Uno de ellos en tanto deberá presentarse periódicamente en Fiscalía demostrando que está a derecho.