Abren investigación por presuntas estafas y defraudaciones en operaciones con vehículos

El juez de Garantías Julio Martínez Vivot resolvió tener por formulados los cargos impulsados por el Ministerio Público Fiscal en 14 legajos que investigan presuntos delitos de estafa y defraudación vinculados a operaciones de compra, venta y permuta de vehículos en General Roca.

La decisión judicial ratificó la acusación presentada por la Fiscalía contra dos personas (Ignacio Cajarabilla y Yasmin Orife), quienes son investigadas en carácter de coautoras por hechos que habrían ocurrido entre el 22 de febrero de 2025 y el 21 de enero de este año.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, los imputados, como copropietarios de un local dedicado a la compra, venta y permuta de automóviles, habrían llevado adelante distintas maniobras que permitieron que clientes entregaran dinero o vehículos en el marco de operaciones comerciales que luego no habrían sido cumplidas en los términos acordados. Según la acusación, estas acciones provocaron perjuicios económicos a quienes confiaron en los servicios ofrecidos.

La investigación comprende denuncias de más de 14 damnificados y una importante cantidad de evidencia reunida por la Fiscalía. Entre las pruebas incorporadas figuran informes de dominio de vehículos, boletos de compra-venta, entrevistas a las víctimas, pólizas de seguros, comprobantes de transferencias bancarias, documentación comercial y distintos informes técnicos.

También forman parte del expediente los resultados de un allanamiento realizado en una vivienda de calle Rodhe al 400 de General Roca, donde se secuestró un automóvil Mercedes Benz, además de informes solicitados a organismos vinculados a la actividad financiera y comercial de los investigados.

La acusación fue respaldada por las querellas constituidas en los distintos legajos, mientras que la defensa se opuso al pedido de formulación de cargos. Durante la audiencia, los imputados manifestaron su intención de resolver la situación y sostuvieron que la empresa continúa funcionando.

Con la resolución del juez, la investigación penal preparatoria seguirá adelante para profundizar la recolección de pruebas y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder en cada uno de los hechos denunciados.