


Paro nacional docente el lunes 3 de agosto: Unter confirmó su adhesión

Este lunes 3 de agosto, las escuelas de todo el país se verán afectadas por un paro nacional docente.
La medida fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) y contará con la adhesión activa de la Unter en Río Negro.
La protesta se fundamenta en la "grave situación" que atraviesan los trabajadores del sector debido al ajuste impulsado por el Gobierno Nacional. Los gremios denuncian un deterioro constante de las condiciones laborales y salariales en todo el territorio.

Conflicto por la paritaria nacional docente
Uno de los principales motivos de la huelga es la negativa del Gobierno Nacional a convocar a la Paritaria Nacional Docente. En este espacio se deben discutir no solo los salarios, sino también las condiciones de trabajo, la formación docente y los niveles de inversión educativa necesarios. La falta de convocatoria ha paralizado estas negociaciones estratégicas.
Impacto del ajuste y el reclamo por el Fonid
El plan de lucha incluye la exigencia de la recuperación inmediata del poder adquisitivo de los salarios. Los docentes sostienen que sus haberes han quedado rezagados frente al incremento del costo de vida.
Otro punto central es la restitución y el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Este componente salarial, junto con otros fondos nacionales, ha dejado de ser remitido a las provincias, afectando el ingreso de bolsillo.
Defensa del sistema previsional y jubilaciones
La jornada de protesta también se centra en la defensa del sistema previsional público y solidario. Los educadores rechazan cualquier intento de reforma jubilatoria que recorte derechos adquiridos.
Rechazo a la Ley de Libertad Educativa
El pliego de reclamos incorpora el rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa. Para los gremios docentes, esta iniciativa constituye un avance sobre el derecho social a la educación y la libertad de enseñanza.
Consideran que el proyecto afecta el trabajo docente y la responsabilidad del Estado de garantizar una educación inclusiva. El gremio sostiene que el Estado nacional no puede delegar su rol en la calidad educativa pública.
Asimismo, se reclama la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo. El objetivo es asegurar una inversión mayor en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y diversos programas socioeducativos.




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