El PRO reclama el bloqueo de celulares en las cárceles provinciales

Legisladores del PRO reclamaron que el Gobierno de Río Negro gestione ante Nación la aplicación del procedimiento de detección y bloqueo de celulares en los establecimientos penitenciarios de la provincia.

A través de un proyecto de comunicación impulsado por el legislador Juan Martin, acompañado por María Laura Frei, Juan Murillo Ongaro y Ofelia Stupenengo, se busca que Río Negro adhiera al mecanismo habilitado por la Resolución 734/2026 del ENACOM, que permite extender a las cárceles provinciales el procedimiento de bloqueo de dispositivos móviles, a solicitud de las jurisdicciones. El objetivo es impedir que teléfonos celulares utilizados dentro de las unidades penitenciarias sean empleados para organizar o ejecutar delitos.

“No podemos seguir permitiendo que desde una celda se planifiquen estafas, se coordinen bandas criminales o se cometan otros delitos contra los rionegrinos cuando existen herramientas tecnológicas para impedirlo”, sostuvo Juan Martin.

El proyecto pone el foco en una problemática que ya tuvo consecuencias concretas en la provincia. En julio, una investigación por una millonaria estafa telefónica a un jubilado de 72 años permitió detectar que una organización criminal operaba también desde una celda del Complejo de Ejecución Penal N.º 1 de Viedma, donde fueron secuestrados seis teléfonos celulares, varios de ellos con tecnología 5G.

Desde el PRO remarcaron además que no se trata de un reclamo nuevo. El bloque ya había presentado en 2025 el Proyecto de Ley N.º 429/2025, que proponía instalar inhibidores de señal en todos los establecimientos del Sistema Penitenciario Provincial, prohibir el acceso de celulares y otros medios digitales de comunicación a internos y detenidos, y disponer teléfonos públicos para garantizar el derecho a las comunicaciones. Ese proyecto no fue tratado siquiera en las comisiones de origen.

Durante 2026 también se presentó el Proyecto de Ley N.º 573/2026, que propone establecer expresamente que la privación de libertad comprende tanto la restricción física como la digital. Tampoco fue tratado en comisiones.

“Hace más de un año que venimos planteando esta necesidad y el problema sigue creciendo. Ahora existe una herramienta concreta que Nación ya está utilizando y que puede aplicarse en Río Negro. No hay razones para seguir esperando”, señaló Juan Martin.

El nuevo proyecto solicita al Poder Ejecutivo Provincial que, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, requiera al Ministerio de Seguridad de la Nación la aplicación del Procedimiento para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios en las cárceles rionegrinas y adopte las medidas tecnológicas necesarias para su implementación.

Desde el bloque sostuvieron que la seguridad de los rionegrinos requiere respuestas concretas y que las herramientas disponibles deben utilizarse sin demoras. “Si desde una cárcel se puede cometer un delito, el Estado tiene que tener la decisión y la tecnología necesarias para impedirlo”, concluyeron.