El Estado busca recuperar los fondos de la estafa al IPROSS

El Gobierno de Río Negro, a través de la Fiscalía de Estado, destacó la decisión adoptada este lunes por el Tribunal de Juicio, que dispuso la prisión preventiva de los farmacéuticos condenados por la millonaria estafa cometida contra el IPROSS. 

Ordenan la prisión preventiva para las cuatro personas condenadas por la estafa a Ipross

Paralelamente, la Fiscalía de Estado impulsa una demanda ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Viedma, destinada a lograr la recuperación del dinero defraudado, actualmente en etapa probatoria y con medidas de inhibición sobre los bienes de los condenados.

A prisión

La medida alcanza a Fabio Caffaratti, Raúl Mascaró y Rodolfo Mastandrea, quienes deberán cumplir detención inmediata, mientras que en el caso de Sandra Fasano, debido a su delicado estado de salud acreditado en el expediente, se dispuso el arresto domiciliario.

Desde la Fiscalía de Estado se manifestó gran satisfacción ante esta resolución, entendida como una garantía indispensable para evitar riesgos de fuga y resguardar el resultado de un proceso judicial que demandó enormes recursos humanos y materiales, en busca de verdad y justicia.

La causa se inició en mayo de 2019 a partir de una denuncia que involucró a farmacéuticos de la cúpula del Colegio de Farmacéuticos del Alto Valle y a la auditora de la institución, acusados de defraudar a la obra social provincial mediante maniobras informáticas y contables.

Tras casi cuatro años de investigación, y un juicio oral que duró cerca de un año y contó con más de 100 audiencias, el Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía de Estado lograron la condena a prisión efectiva de los imputados, con penas de entre seis y nueve años.

El daño económico provocado por las maniobras, según se remarcó en la audiencia, asciende a unos $70 millones a valores históricos, y fue considerado un elemento agravante en la valoración del riesgo de fuga por parte del Tribunal.

La prisión preventiva fue solicitada luego de que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia denegara los recursos de los imputados, cerrando de este modo la discusión en jurisdicción local y dejando sólo pendiente una eventual revisión ante la Corte Suprema de la Nación.