Los tres policías detenidos están investigados en causas de robo y extorsión

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos este jueves a dos hombres (pertenecen a la fuerza policial) que habían sido aprehendidos el martes último en General Roca. A uno de ellos (Oficial Matías Llamonao) lo acusó de haber participado en un robo cometido en Cipolletti. Al segundo (Suboficial principal Javier Espinoza ) se le endilgó el delito de extorsión sumando a esta imputación a un tercer hombre que ya estaba detenido como coautor del robo. 

La investigación se inició a partir de un robo perpetrado en Cipolletti el 20 de marzo pasado. El 8 de abril se individualizó al primero de los acusados y a partir de allí se profundizaron las medidas de investigación incluyendo nuevos elementos, lo que posibilitó llegar al segundo de los tres coautores.

Se trata del hombre imputado este jueves, un agente policial (LLamonao) que cumplía funciones en la Comisaría 21ª de General Roca. Según la Fiscalía, este hombre, junto a otros dos, arribó en un auto a las inmediaciones de la calle Brentana, alrededor de las 14:30 del 20 de marzo. Del vehículo descendieron los tres. Uno de ellos —ya imputado y con prisión preventiva (Oficial Inspector Enzo García) — actuó de campana. El acusado, en cambio, fue quien ingresó a la vivienda junto con otra persona aún no identificada, previo acuerdo y distribución de roles. Para hacerlo utilizaron el pretexto de consultar a la mujer si había realizado una denuncia en Anses. De esa manera, y por la fuerza, entraron al domicilio en donde se encontraba también su marido.

Una vez adentro, el imputado —que vestía uniforme policial— amenazó al hombre con el arma reglamentaria y lo golpeó en reiteradas oportunidades, mientras la otra persona obligaba a la mujer a entregar dinero y joyas. Luego huyeron los tres. Como consecuencia de la agresión, la víctima masculina sufrió un accidente cerebrovascular.

La Fiscalía calificó el hecho como robo agravado por el uso de arma impropia, por haber sido cometido en poblado y en banda, y por la condición de funcionario policial del acusado. Como sustento probatorio, se detallaron las distintas medidas de investigación entre ellas registros de cámaras de seguridad, análisis de comunicaciones telefónicas y de aplicaciones de mensajería, además de diversas pericias sobre dispositivos electrónicos. También se valoró la declaración de la víctima, que permitió la elaboración de un retrato hablado.

En función de ello, este martes se realizaron los allanamientos en el domicilio del imputado y en la unidad policial 21ª de General Roca en la que prestaba servicios. De la vivienda se secuestró, entre otros elementos que deberán ser peritados, la caja del teléfono celular que habría sido utilizado en la comisión del hecho. Su número de IMEI coincidía con los registros analizados. Por este hecho, que contó con la adhesión de la querella y no implicó oposición de la defensa, el juez de garantías tuvo por formulados los cargos.

Seguidamente, a otro policía (Espinoza) —perteneciente a la Brigada de Investigaciones que funcionaba temporalmente en un espacio cedido por el Poder Judicial— se les imputó un segundo hecho independiente aunque vinculado a su función al que se sumó a quien ya se encontraba detenido por la coautoria del robo. 

Este ocurrió entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2024, cuando ambos idearon un plan para extorsionar a un hombre investigado en otra causa, valiéndose de información a la que accedieron en su carácter de policías. Según la acusación, se presentaron en el domicilio de la víctima, simulando tener una orden de detención y le exigieron dinero a cambio de no avanzar. En esa ocasión habrían recibido 50.000 pesos, suma que luego se repartieron.

En este caso tampoco la defensa de opuso a la formulación de cargos a la que hizo lugar el juez de garantías interviniente por el delito de extorsión e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Finalmente, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de los dos imputados por el plazo de un año. Argumentó la existencia de riesgos procesales vinculados al entorpecimiento de la investigación —ya que aún resta identificar a otras dos personas presuntamente involucradas y recuperar objetos sustraídos—, así como el peligro de fuga y la necesidad de resguardar a las víctimas, quienes sufrieron una agresión física grave. El magistrado dispuso la medida cautelar por el término de un año.

Asimismo, y ante la coincidencia de las partes, ordenó la prohibición de publicar imágenes que permitan identificar a los imputados, con el fin de no afectar las medidas de investigación en curso.