El secretario general del gremio de trabajadores judiciales Sitrajur, Marco Calarco, cuestionó con dureza al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en el marco del caso por la presunta pérdida de más de cien armas que habrían vuelto al circuito delictivo en la ciudad de General Roca.
Según expresó el dirigente sindical, la situación “no es un hecho aislado ni una casualidad”, sino la consecuencia de una forma de conducción que —afirmó— evidencia “incapacidad estructural” para gestionar el Poder Judicial.
En ese sentido, Calarco sostuvo que existen “responsabilidades definidas” y apuntó directamente contra el máximo órgano judicial provincial. “No hay vacío normativo ni zona gris”, remarcó, al tiempo que planteó interrogantes sobre cómo pudo ocurrir un episodio de estas características.
El titular de Sitrajur también desligó de responsabilidades a los trabajadores judiciales, al indicar que son quienes “sostienen el sistema con compromiso”, muchas veces en condiciones de precariedad y con falta de recursos. En contrapartida, afirmó que “falló el modelo” y la conducción encargada de controlar el funcionamiento del sistema.
Otro de los puntos señalados por el dirigente gremial fue el mecanismo de control interno del Poder Judicial. Según indicó, el propio Superior Tribunal de Justicia “administra, controla, investiga y eventualmente sanciona”, lo que —según su visión— implica la ausencia de controles externos e independientes.
Asimismo, advirtió que ante situaciones de crisis se suele responsabilizar a los sectores con menor poder dentro de la estructura. “Trabajadores y trabajadoras quedan expuestos como posibles ‘fusibles’ de una crisis que no generaron”, expresó.
Calarco también remarcó el impacto que este hecho podría tener en la comunidad, al señalar que la presunta circulación de más de cien armas genera “miedo, incertidumbre y un riesgo concreto” para la población del Alto Valle.
Finalmente, desde Sitrajur afirmaron que no permitirán que las responsabilidades recaigan sobre los trabajadores y reclamaron que se investigue y determine la responsabilidad de quienes tienen a su cargo la conducción del Poder Judicial en la provincia.
