El Tribunal de Juicio de Roca definió este jueves que el debate del juicio oral y público por presuntas defraudaciones de un grupo de farmacéuticos (Fabio Caffaratti, Rodolfo Mastandrea y Raúl Mascaró) en perjuicio de la obra social estatal Ipross comenzará el 8 de junio.

La reprogramación respondió a la necesidad de garantizar el derecho a la defensa técnica adecuada de uno de los tres hombres imputados, atento a los problemas de salud que está atravesando su abogado defensor particular (Dr. Carlos Vila).

Los jueces Oscar Gatti y Luciano Garrido y la jueza Laura Pérez, quienes integran el Tribunal de Juicio, rechazaron la posibilidad de iniciar hoy el debate sólo con respecto a los otros dos imputados y de excluir al tercero para un futuro juicio.

Esta mañana se definió que la ausencia por razones de salud del abogado defensor “se encuentra suficientemente justificada” a partir de la información que brindó en la audiencia su médico de cabecera. En función de ese diagnóstico, el Tribunal explicó “el derecho del imputado a contar con el letrado que lo ha asistido durante la etapa previa, y cuenta con una estrategia de defensa ya acordada y definida a esta altura del proceso”.

Cabe mencionar que el derecho a la defensa en juicio es una de las principales garantías del debido proceso que establece la Constitución Nacional para cualquier persona imputada. “Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos”, dice el artículo 18 de la Carta Magna.

De todas maneras, el Tribunal puso una fecha límite para comenzar el debate, definiendo un plazo para que el imputado pueda completar su defensa técnica.

La resolución definió, entonces, otorgar al imputado “un plazo que se estima prudencial y que compatibiliza el interés de todas las partes hasta el día 8 de junio de 2023 a las 8.30 hs, oportunidad en que se dará inicio a la audiencia de debate”. Ese día deberá comenzar el juicio con su actual defensor particular, si así lo permite su estado de salud, más un co-defensor de su confianza “a fin de cubrir cualquier tipo de eventualidad a lo largo de todo el juicio”, todo ello “bajo apercibimiento de designarle un Defensor Oficial”.

La Oficina Judicial Penal de Roca previó que el juicio demandará más de 45 jornadas de debate para la exposición de los testimonios, las pericias y los alegatos de todas las partes. Es por eso que también se previó la designación de la jueza Claudia Lemunao, como magistrada suplente del Tribunal, habilitada para actuar ante cualquier eventualidad que pueda surgir a lo largo del extenso cronograma del juicio.