Solicitud de responsabilidad penal por presunta defraudación al Ipross

El Ministerio Público Fiscal solicitó que tres hombres propietarios de farmacias de General Roca (Fabio Caffaratti, Raúl Mascaró y Rodolfo Mastandrea) y una mujer que se desempeñaba como auditoria del Colegio de Farmacéuticos (Sandra Fasano) sean declarados culpables por haber defraudado a la obra social provincial Ipross, a través de presuntas ventas simuladas de medicamentos.

Los hechos habrían ocurrido entre diciembre de 2013 y abril de 2019 y las maniobras habrían reportado pérdidas económicas multimillonarias para la obra social estatal.

Las imputaciones que se analizan en este juicio oral son por el delito de estafas reiteradas, agravadas por haber sido cometidas en perjuicio de la administración pública, todo en concurso real y en carácter de coautores. A cada persona imputada se le atribuye un número distinto de hechos (entre 107 y 614) que habría cometido de manera individual.

En la tarde de hoy, comenzaron los alegatos luego de más de 90 días de audiencia en lo que constituyó uno de los debates orales y públicos más extensos desarrollado en el Poder Judicial rionegrino.

El primero en realizar los alegatos fue el fiscal del caso que explicó detalladamente el origen de la causa, las maniobras a través de las cuales se perpetró la estafa y enfatizó en el papel de la auditora. Todo ello aludiendo a diversos testimonios que se escucharon en las audiencias. Focalizó en la relación entre los imputados y la connivencia entre ellos.

La fiscal jefa se centró durante más de una hora en la prueba pericial de informática forense, que -dijo- “permitió acreditar todos los hechos que la fiscalía trajo a juicio. Desde el 20 de mayo de 2019 donde se realizó el procedimiento iniciado en el Colegio de Farmacéuticos, la extracción del sistema Xaron y Xeron, la realización de las planillas de análisis”.

También describió datos relativos a la pericia contable. Ambos estudios fueron concretados por profesionales pertenecientes al Poder Judicial, y fue prueba a la que también tuvieron acceso los peritos de la defensa particular.

Otro de los fiscales intervinientes en este legajo explicó cómo era la maniobra efectuada valiéndose para ello de los afiliados a la obra social provincial que desconocían tal situación. “El relevamiento que mostramos de las recetas es demostrativo. No se encontró ni una sola receta física de los medicamentos supuestamente vendidos a los afiliados de Ipross, que estuvieron en esta sala como testigos y dijeron no haber recibido esa medicación. Todo es ficticio”, explicó el fiscal.

“A mayor ahondamiento, tenemos el ejemplo de un afiliado que fallece y realizando la pericia encontramos cargas de medicamentos para esa persona luego de que se registrara su muerte. Se suman los múltiples afiliados que declararon tanto no haber comprado en alguna de esas farmacias, o que no presentaban esas enfermedades o que no vivían en la ciudad de la farmacia”, agregó.

Para concluir la fiscal jefa que coordina el equipo, concluyó el juicio solicitando que se declare responsable penal a cada uno de los tres hombres, de manera individual, como autores de “estafas reiteradas agravadas por haber sido cometidas contra la Administración Pública”, según los Artículos 174 inc. 5 en función del Artículo 172 del Código Penal, todos hechos reiterados en concurso real, según el Artículo 55. Mientras que para la señora imputada la fiscalía solicitó que se la declare culpable de ser co autora de esos hechos.

Este viernes continuará la etapa de alegatos con la alocución de la Fiscalía de Estado de Río Negro que se constituyó como querellante. La jornada comenzará a las 8:30 en la sala 5 de los Tribunales de General Roca. Mientras que desde las 17 del mismo día se prevé que realice lo propio una de las defensas particulares, cerrando la otra defensa el sábado a partir de las 9.

Detalles de las jornadas de debate

El debate comenzó el 27 de junio del año de 2023, durante estos meses se concretaron 95 jornadas en total y se escucharon alrededor de 312 testigos: 234 propuestos por la acusación, 28 de las defensas, y 50 testigos comunes. Entre ellos se pudo escuchar a pacientes de Ipross, dueños y empleados de farmacias, representantes de droguerías, agentes de la obra social y funcionarios de distintas áreas del gobierno provincial. También a numerosos peritos y expertos que abordaron la prueba informática, contable, caligráfica y criminalística, entre otras especialidades.

El Tribunal de Juicio está integrado por la jueza Laura Pérez y los jueces Oscar Gatti y Luciano Garrido. La Oficina Judicial Penal de Roca previó que el debate demandaría las jornadas descriptas y por la envergadura del mismo, es decir cantidad de testimonios, de pericias, también se sumaron los pedidos que se fueron suscitando a lo largo de estos meses, es que en su momento se designó también a la jueza Claudia Lemunao como magistrada suplente del Tribunal, habilitada para actuar ante cualquier eventualidad que pueda surgir a lo largo del extenso cronograma.

El equipo fiscal está conformado por tres integrantes del Ministerio Público: la fiscal jefa Teresa Giuffrida y los fiscales del caso, Gastón Britos Rubiolo y Marcelo Ramos.

En tanto la querella, en nombre del Estado provincial como damnificado, está a cargo del abogado Federico Rosbaco. Mientras que la abogada Patricia Espeche y el abogado Carlos Vila asumieron las defensas particulares de las cuatro personas imputadas.

 Condena firme

Por la misma imputación, en un total de 118 hechos, dos ex propietarias de farmacias de Roca ya se encuentran condenadas a tres años de prisión condicional, con sentencia firme, tras haber aceptado su responsabilidad en un juicio abreviado realizado en septiembre del año pasado. Con el acuerdo de la fiscalía, la parte querellante y la defensa, se homologó la pena respecto de ambas, más las reglas de conducta y las costas del proceso.

Las reglas de conducta que deberán cumplir por tres años, bajo apercibimiento de convertirse la pena en prisión efectiva en caso de incumplimiento, incluyen la prohibición de salir del país sin autorización judicial, presentaciones regulares ante el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados, la prohibición de integrar cualquier empresa, organismo o institución civil que guarde relación directa o indirecta con el rubro farmacéutico, la prohibición de realizar contrataciones de cualquier tipo con el Estado nacional, provincial y/o municipal y la orden de mantener la inhibición general de sus bienes.