Por faltas graves en el Estado, 3 agentes exonerados y 51 cesanteados

El Gobierno Provincial dispuso avanzar en 51 cesantías y 4 exoneraciones de agentes estatales por diversos tipos de faltas e incumplimientos de sus funciones en la Administración Pública. “Nuestro compromiso es defender a los trabajadores que cumplen con su labor. Este ordenamiento es necesario para reconocer a quienes asumen su tarea con responsabilidad”, explicó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.

Las cesantías se aplican a trabajadores con faltas repetitivas o de indisciplina grave, mientras que las exoneraciones están relacionadas con denuncias penales, que implican la imposibilidad de reintegrarse a la Administración Pública provincial.

Estas acciones son el resultado del trabajo de la Secretaría de la Función Pública, con las áreas de Recursos Humanos y la Junta de Disciplina, con el objetivo de garantizar un servicio eficiente en el Estado.

“Este año hemos trabajado mancomunadamente con las áreas de Recursos Humanos para asegurar que se sigan los procedimientos disciplinarios adecuados ante casos de faltas graves, como el abandono de servicio, ausencias injustificadas y denuncias penales. La Junta de Disciplina, conformada por representantes del Gobierno y los gremios estatales, ha procesado más de 130 expedientes desde marzo", destacó Lastra.

Además, la Junta de Disciplina ha impuesto suspensiones de entre 10 y 30 días a 160 empleados por diferentes irregularidades, incluyendo faltas injustificadas y conflictos laborales, con el propósito de fortalecer la responsabilidad y el compromiso laboral dentro del Estado.

“Nuestro compromiso es defender a los trabajadores que cumplen con su labor. Este ordenamiento es necesario no solo para proteger los recursos económicos del Estado, sino también para reconocer a quienes asumen su tarea con responsabilidad. La eficiencia en la administración es una prioridad que los rionegrinos merecen y por la que trabajamos día a día”, concluyó Lastra.

Esta serie de medidas responde a la demanda ciudadana de una gestión transparente y eficiente del Estado, en beneficio de toda la comunidad rionegrina.