
El proyecto del ARI recibió el apoyo unánime de sus pares y será ratificado en la segunda vuelta para que se efectivice a partir de 2026.




Las cuentas bancarias, billeteras virtuales, activos en criptomonedas, tanto personal como de la empresa que tendría el investigado, serán bloqueadas.

La imputada reconoció haber cometido el delito y fue condenada a la pena única de 4 años y 6 meses de prisión.

El juez de Garantías dispuso tobillera electrónica y restricciones de movimiento para uno de los acusados, que seguirá bajo investigación hasta mayo de 2026.