Calarco apuntó contra Weretilneck y el Poder Judicial por la falta de respuestas y control

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (Sitrajur), Marco Calarco, difundió un duro posicionamiento público en el que cuestionó la existencia de un “blindaje mediático selectivo” frente al poder político y judicial.

En su análisis, Calarco sostuvo que existe una lógica reiterada en la cobertura mediática: “cuando el poder es provincial o judicial, el periodismo suaviza; cuando el interlocutor pertenece al campo nacional y popular, el interrogatorio va al hueso”. Según planteó, esta dinámica no sería casual sino funcional a determinados intereses.

En ese marco, apuntó directamente al gobernador Alberto Weretilneck, a quien señaló como el principal responsable político del escenario actual. Calarco cuestionó su respaldo al gobierno nacional y aseguró que esa decisión “impacta de lleno en el salario, en el empleo y en la canasta básica de miles de familias rionegrinas”. Además, afirmó que no se formulan públicamente preguntas clave sobre una eventual reforma laboral regresiva, los derechos que se pondrían en discusión o el costo político y social que asumiría la provincia.

“El interrogante de fondo es a quién representa hoy el gobernador: si al pueblo rionegrino que trabaja para sostener sus economías familiares o a las corporaciones que exigen ajuste y salarios a la baja”, expresó el dirigente sindical, quien también cuestionó los cambios de alineamiento político y advirtió sobre el crecimiento de la pobreza incluso entre trabajadores con empleo.

Las críticas también alcanzaron al Poder Judicial. Calarco mencionó al próximo presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Apcarian, y señaló que su discurso sobre modernización, inteligencia artificial y futuro no aborda cuestiones centrales. Entre ellas, mencionó la falta de garantía de la negociación colectiva dentro del Poder Judicial, la ausencia de controles efectivos sobre el ingreso, egreso y jornada laboral de magistrados y funcionarios, y la demanda social de mayor presencia y respuestas concretas.

Asimismo, el titular de Sitrajur cuestionó la inversión anunciada para refaccionar el edificio penal de Cipolletti, ubicado en Urquiza y España, donde funcionan juzgados y fiscalías. Indicó que se trataría de una inversión cercana a los 400 millones de pesos en un inmueble que no pertenece al Poder Judicial, mientras persisten problemas edilicios como falta de calefacción en invierno y de aire acondicionado en verano. También reclamó explicaciones sobre la paralización de la Ciudad Judicial y comparó la situación con otras obras públicas inconclusas.

Finalmente, Calarco sostuvo que la falta de preguntas incómodas por parte del periodismo afecta el control democrático. “Sin preguntas no hay rendición de cuentas y cuando el poder habla solo, siempre pierde la sociedad”, afirmó, y advirtió que la exclusión de la ciudadanía del debate público “se paga, tarde o temprano, y a un costo muy alto”.