La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) aceptó la oferta del Gobierno con el voto mayoritario de los secretarios generales de seccionales y los integrantes de su conducción provincial, aunque bajo ciertas condiciones. El gremio dio un plazo de 72 horas al Ejecutivo para acordar el monto actualizado y la fecha de liquidación del ítem Indumentaria cuyo retraso se remonta a marzo, y advirtió que a partir del lunes se considera en libertad de acción para adoptar medidas de fuerza.   

"Hemos aceptado la nueva propuesta. Después de los paros y las movilizaciones logramos que el gobierno duplique su oferta inicial y que la misma equipare a la inflación. Pero tiene que quedar claro que sólo habrá acuerdo si se paga la indumentaria. Si en los próximos tres días no se define un aumento significativo de este concepto y la fecha de su pago, retomaremos todas las medidas de fuerza", expresó Rodrigo Vicente, secretario general de ATE.

De esta manera y tras 48 horas de paro y concentraciones en varios puntos de la provincia, ATE logró garantizar un aumento acumulado del 54% hasta setiembre. Se trata de una corrección del 4% del primer semestre (contabilizando un total del 36%), más un incremento del 18% para el tercer trimestre (hasta septiembre) y revisión en octubre.

De esta manera, el sindicato logra casi duplicar la oferta inicial del Gobierno, mediante la instrumentación de huelgas que paralizaron la administración pública con una adhesión muy alta entre los estatales.

No obstante, el sindicato sujeta cualquier acuerdo al pago de la Indumentaria que debió haberse liquidado en marzo. Su retraso y su desactualización son dos puntos innegociables. Tal es así, que le fijó al Gobierno solo 72 horas para acordar fecha de pago y monto. El último pago fue realizado el año pasado por 6800 pesos.

En otro tramo, el plenario de secretarios generales manifestó que el Gobierno debe evaluar el adelantamiento del 3% que propone liquidar en octubre y adoptar medidas adicionales que permitan una mayor recuperación en los salarios de las categorías más bajas de la administración pública, para que ningún estatal quede por debajo de la línea de pobreza en ningún momento del acelerado proceso de inflación.